Modificación de las medidas definitivas con respecto a los menores

En algunas ocasiones las crisis matrimoniales pueden desembocar en la separación o el divorcio de los cónyuges, en cuya sentencia, tras el proceso judicial oportuno, se contemplarán las medidas atinentes a los hijos menores de edad en común. Entre estas medidas gozan de mayor relevancia aquellas relacionadas con la custodia de los hijos, así como las medidas de carácter económico, materializadas en la llamada pensión de alimentos.    

    Sin embargo, pese a denominarse como medidas definitivas, eso no significa que las mismas hayan de permanecer inmutables e invariables a lo largo del tiempo, sino que por el contrario son susceptibles de ser modificadas si así lo solicitan uno o ambos progenitores de común acuerdo. Como consecuencia nos encontramos en la práctica diaria supuestos de solicitud de modificación de medidas, en el sentido de modificar la custodia monoparental establecida hacia una custodia compartida, o solicitudes de modificación de pensión de alimentos, ya sea para incrementarla, o minorarla.

    Así, como mantiene un sector de la doctrina, la “cosa juzgada” tiene un valor limitado en las sentencias en éste ámbito del Derecho de Familia, entendiéndose que las medidas definitivas tienen una validez y efectos rebus sic stantibus, es decir, de acuerdo a la realidad subyacente del momento en que éstas fueron establecidas, por lo que, para proceder a su modificación, resulta indispensable una modificación o alteración sustancial de las circunstancias que justifique dicha modificación. Por otro lado, no ofrece el legislador una definición o catálogo de qué puede entenderse como tal modificación, por lo que habrá de estarse a los distintos pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, así como al caso concreto, pudiendo observarse dicha alteración en aquellos supuestos de desahucios, enfermedad, desempleo de larga duración o traslado de domicilio que impliquen una distancia de cierta entidad, razón por la que resulta indispensable asistencia letrada que analice y valore cada situación antes de iniciar cualquier procedimiento.